El anonimato y la privacidad digital forman un capítulo clave de los derechos humanos, y también están vinculados a la nómina de ciberdelitos tales como fraude, robo de identidad, ciberacoso, el fraude digital (phishing) y la vigilancia (trolling). Las sobrevivientes de situaciones de violencia de género necesitan anonimato y privacidad para acceder a información que puede salvarles la vida, mientras los abusadores utilizan esos derechos para cometer actos de violencia con total libertad.
La comunicación anónima tiene un lugar muy importante en el discurso social y político, y sirve para promover la libertad de expresión. El anonimato y la privacidad ayudan a las mujeres a protegerse, encontrar recursos cuando se enfrentan a situaciones de violencia, integrarse a una comunidad cuando se encuentran aisladas, protestar contra la represión y conseguir información sobre problemas de salud delicados. Cuando enfrentan violencia, puede ser que las mujeres no se animen a denunciar abiertamente la situación si no se les garantiza privacidad durante y después del proceso relativo a su caso.
Puedes consultar más información sobre protección de privacidad y anonimato al hablar con sobrevivientes y almacenar datos en la cartilla informativa de Dominemos la tecnología!
Qué derechos son relevantes
- Dereho al anonimato: No existe un derecho internacional específico que acompañe el derecho al anonimato, pero existen diversos grados de protección de dicho anonimato en varios países. El anonimato y los seudónimos en línea pueden ser parte fundamental de los derechos a la privacidad y a vivir libres de violencia. Existe un movimiento para alentar a los Estados a defender el derecho de los individuos a comunicarse en forma anónima en internet y a usar tecnologías de encriptamiento para garantizar ese derecho.
- Derecho a la privacidad: En diciembre de 2013, Naciones Unidas estableció “El derecho a la privacidad en la era digital”, ampliando nuestros derechos para abarcar el mundo digital.
- Vivir libres de violencia: Mediante la "Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres", Naciones Unidas sostiene que la violencia contra las mujeres viola derechos humanos fundamentales.
Tu lugar de trabajo debe contar con políticas sobre la privacidad y el anonimato tanto de sus empleados y empleadas, como de cualquier persona con la que trabajes, sobre todo las sobrevivientes de violencia. Si bien los lugares de trabajo pueden monitorear y recolectar datos de sus empleados y empleadas, los empleadores también tienen la responsabilidad de proteger esos datos y la confidencialidad de los mismos.
Esto también se aplica a las sobrevivientes de violencia. Nunca es correcto compartir información sobre casos con personas que no están autorizadas a recibir esa información. Siempre hay que contar con el consentimiento escrito de la sobreviviente para compartir la información, teniendo en cuenta que la sobreviviente tiene derecho a negarse a brindar ese consentimiento. Puedes buscar información sobre estrategias y herramientas para proteger la privacidad y el anonimato en la sección Mantente segura de Dominemos la tecnología!
Aplicación de las leyes |
Es fundamental que los funcionarios policiales que trabajan con casos de violencia contra las mujeres reciban capacitación en privacidad y anonimato. Las personas que sufren violencia deben tener la posibilidad de denunciar delitos en forma anónima y estar seguras de que su privacidad será protegida, sobre todo si el perpetrador sigue libre. Muchos departamentos policiales guardan la dirección de las sobrevivientes fuera de las bases de datos de protección del orden para aumentar la seguridad. Además, las personas que denuncian abusos a otros y otras también deberían tener la posibilidad de hacerlo en forma anónima. | |
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Capacitar a funcionarios y activistas para asesorar a las sobrevivientes en relación a la protección de datos y la privacidad. Los funcionarios deben tener en cuenta la incidencia de las leyes de privacidad y datos, y sus cambios, en su trabajo con las sobrevivientes. Cuando las leyes todavía no están actualizadas para incluir a las TIC, algunos funcionarios se ocupan de buscar caminos especiales para aplicar otras leyes a los casos de TIC. Por ejemplo, usan las leyes sobre derechos de autor para frenar lo que se llama “porno venganza”, que es el uso de imágenes privadas con fines de acoso y chantaje.
Pero también existen funcionarios policiales que roban fotos íntimas de los teléfonos de mujeres arrestadas y las comparten con sus colegas. Estas personas deberían ser juzgadas según la ley y cada departamento debería contar con políticas y protocolos escritos para denunciar este tipo de violaciones de privacidad. |
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La violencia relacionada con la tecnología suele dejar un reguero de pruebas que los proveedores de servicios deberían capacitarse para poder reconocerlas. Trabajar con las sobrevivientes para guardar las comunicaciones (es decir, SMS, correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes de chat, cuentas de teléfono, capturas de pantalla de páginas web, recibos, archivos de registro) y documentar cada contacto. Cómo las tendencias en TIC cambian con rapidez, los proveedores necesitan actualizarse regularmente en TIC y violencia contra las mujeres, para recoger pruebas y ayudar a las sobrevivientes a mantenerse a salvo.
En la era digital, es esencial que los proveedores de servicios se ocupen de proteger la confidencialidad de clientes y clientas. Dejar los archivos de casos afuera de internet y los computadores en red es una manera de garantizar que los piratas no tengan acceso a esos documentos. Si tienes una base de datos compartida, asegúrate de que todas las partes involucradas comparten las mismas normas de protección de la privacidad y el anonimato. Desarrolla un protocolo de privacidad y seguridad para la organización en base a una evaluación de riesgos y un compromiso de confidencialidad con las sobrevivientes.
Centros educativos primarios, secundarios y terciarios |
El personal de los centros educativos primarios debe familiarizarse con las políticas de privacidad de la institución, al igual que con la legislación sobre privacidad relevante para los menores, pero muchos colegios no han actualizado sus políticas disciplinarias y de privacidad a fin de reflejar los cambios en TIC. Si no se actualizan las normas, puede haber incidentes que se cuelen por las grietas y se puede violar fácilmente la privacidad de las sobrevivientes (aunque no sea en forma intencionada), en cuyo caso la responsabilidad podría recaer sobre la institución. Idealmente, se debe contar con una persona capacitada para responder ante casos de violencia relacionada con las tecnologías y de otros tipos. | |
| Los y las estudiantes deben contar con la posibilidad de denunciar cualquier delito en forma anónima, o de mantener el anonimato durante la investigación. Algunos colegios usan un sistema de denuncias anónimas. | ||
Los empleadores deben conocer las leyes sobre privacidad del área relativas al lugar de trabajo y ofrecer lineamientos claros y exhaustivos a las personas empleadas, brindarles información sobre los derechos y obligaciones de ambas partes. No hay que suponer que las personas empleadas saben donde trazar la frontera de la privacidad en el trabajo.
Los empleadores deben tener en cuenta:
- Políticas y configuraciones de privacidad: Deben ser fáciles de encontrar, exhaustivos y optimizados para ser usables
- Sistemas confiables de tecnologías de información: Uso de normas de confidencialidad, mantenimiento de la integridad del sistema
- Protección de la personalidad virtual: Firmas digitales, nombres de usuario, claves, PIN, etc no deben ser usados ni cambiados por otros/as sin consentimiento previo del/a propietario/a.
Los agentes intermediarios (empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet y otras plataformas a través de las cuales ocurren situaciones de violencia relacionadas con la tecnología) tienen la obligación de contar con políticas y condiciones de privacidad para su clientela, además de permitir que los usuarios y usuarias mantengan cierto nivel de privacidad. En caso de robo de datos o de identidad, los intermediarios podrían tener la responsabilidad de realizar las investigaciones pertinentes y asesorar a usuarios y usuarias.
Todo el personal debe estar capacitado en cuanto a la importancia de mantener la privacidad de cada usuario o usuaria y las leyes relevantes, ya que los empleados y empleadas de las agencias intermediarias pueden sentir la tentación de vigilar o compartir los datos de los usuarios y usuarias en forma inadecuada. Los intermediarios tienen la responsabilidad de garantizar la privacidad y el anonimato en lo que les compete, y deben aclarar las condiciones de uso para el intercambio de datos, incluyendo quién, dónde y por qué lo puede hacer, lo que incluye la vigilancia del gobierno.